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A modo de introducción

“De improviso, en los últimos años, en forma abrupta, se rompió ese esquema que traíamos y surgió un plan para acabar con el movimiento guerrillero en ese lapso. Entonces aparecieron unos hombres en las regiones que cometían una serie de tropelías y asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona; y se suscitaron las primeras masacres en zonas geográficas donde no había enfrentamientos entre partidos y fuerzas de izquierda.

Y después esas fuerzas se fueron ubicando en los perímetros urbanos y generaban un estado de terror y de zozobra, y los campesinos caían asesinados; mientras, en las veredas y corregimientos se mataban a los dueños de las tiendas comunitarias. Eso ocurrió en el Norte, en Oriente, en Occidente...

Se empezó como a gestar un plan macabro, donde el investigador no lograba penetrar qué estaba sucediendo, en qué zonas geográficas se cometían esas masacres y esos asesinatos masivos. Y nuestros ríos históricos fueron testigos de los cadáveres arrojados.

Y en las carreteras, esas carreteras construidas con el esfuerzo antioqueño, los vehículos eran parados, los campesinos bajados de los mismos y asesinados arrodillados.

Un clima de zozobra empezó a desintegrar todo lo que habíamos construido durante muchos años. Y aquellos maestros que protestaron fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados. Entonces se empezó a desintegrar todo ese sistema educativo. Las escuelas se quedaron sin niños y maestros. Y los maestros eran perseguidos y la educación perdía calidad.

Y los médicos que iban a las veredas y a los corregimientos a atender a los enfermos con mucho esfuerzo también fueron perseguidos, intimidados, amenazados, desaparecidos, y el sistema de salud empezó a degradarse.

Y los programas agropecuarios, las Umatas en Antioquia, cuando soñábamos cómo reemplazar el café, cuando soñábamos con un dominio del paisaje y la agricultura, se desintegraron.

Aparecían fuerzas oscuras que reemplazaban al alcalde... los comandantes. Eran paramilitares, Convivir, autodefensas. Y se fue tornando ambiguo ese concepto de autoridad pública: unos eran amigos o enemigos de las Convivir, amigos o enemigos de los paramilitares, amigos o enemigos de la guerrilla.

Y ese tejido social solidario del campesino, se fue desintegrando y se empezó a consolidar la zozobra al lado del temor, mientras se perdían los proyectos culturales, artísticos, artesanales. Es decir, ha habido un proceso de degradación en la relación del hombre con la comunidad, con su medio.

Entonces, en este recinto puedo decir, a manera de inventario, que yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia.

Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para los departamentos pacíficos como los de la Costa y el Chocó. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país.

Lo que habíamos construido como base impositiva, a través del impuesto predial y del de industria y comercio, para fortalecer los aportes de la Nación y hacer programas de desarrollo educativo, lo hemos desintegrado porque hay que pagar cuotas a las Convivir, a las autodefensas, a los paramilitares. Y los paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, las sedes, en los vehículos que utilizan. Es decir, ya la Fiscalía tiene que pedir permiso a esos personajes que aparecen extrañamente en los municipios, para poder hacer los levantamientos de cadáveres. Y los inspectores que hacen esos levantamientos de cadáveres son asesinados para destruir la prueba, para impedir los sistemas de investigación judicial.

Esa es la situación hoy. Lo han visto mis ojos, lo he presenciado con gentes de mi pueblo, de mis veredas, de mis corregimientos. A esas personas que yo vi nacer, con esas personas con quienes escuché silbidos de miseria en las montañas, han sido asesinadas. Y yo he ido por todas partes invocando el derecho de petición para la población campesina, y no he recibido una respuesta positiva.

Esa es la situación dramática que presenta hoy Antioquia y es el informe que puedo rendir hoy con honestidad en este recinto, sin odios contra nadie, pero sí con una infinita tristeza de cómo se van perdiendo las vidas y golpeando a las personas”.

Discurso pronunciado por Jesus María Valle durante la conmemoración del decimo aniversario de los homicidios de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur.

Verdad, Justicia y Reparación




EL DERECHO A LA JUSTICIA

Este derecho implica el cumplimiento del deber estatal de combatir la impunidad y, por ende, de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos.

Estos deberes estatales son:
• Investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos
• Respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso
• Asegurar a las víctimas el acceso a un recurso judicial efectivo
• Sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos
• Imponer penas adecuadas a los responsables

Sin embargo, dentro de las leyes 782 y 975
• No se hace claridad sobre el carácter imprescriptible (imborrable) de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
• Los términos procesales son breves y se requiere capacitación de funcionarios y mejoramiento del sistema judicial.
• Lo anterior afecta el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. Se requiere mayor asistencia y asesoría.
• Las penas no son necesariamente proporcionales a la gravedad de la conducta.

EL DERECHO A LA VERDAD


Ante violaciones masivas y sistemáticas de DDHH, el Estado está obligado a revelar todo lo que haya podido establecer sobre los hechos, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar que rodearon las graves violaciones cometidas. Todo esto, de forma pública y exhaustiva.

El derecho a la verdad en su dimensión individual
• Adoptar medidas que conduzcan al esclarecimiento de los crímenes atroces y a juzgar y a castigar a los responsables.
Es indispensable que los Estados dispongan de mecanismos judiciales para hacer efectiva la dimensión individual del derecho a la verdad. Pero complementariamente pueden emplearse mecanismos extrajudiciales, tales como las comisiones de verdad.
• Adoptar medidas que permitan a las víctimas conocer el estado de las investigaciones

El derecho a la verdad en su dimensión colectiva
• Adoptar medidas para que la sociedad en su conjunto conozca las razones y circunstancias en las que los crímenes atroces llegaron a cometerse con el fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro (es decir, la garantia de no repeticion)
• Adoptar medidas para preservar del olvido la memoria colectiva. Ej: medidas orientadas a conservar los archivos y a facilitar su consulta.

Sin embargo, dentro de las leyes 782 y 975
• Para su cumplimiento, se requiere fortalecimiento de instituciones.
• Medidas de conservación y preservación de los archivos (judiciales).
• Se prevé creación de un mecanismo no judicial de reconstrucción de la verdad. Esta decisión debería consultar el interés de las víctimas.
• Creación de la CNRR. Debe publicar informe sobre los grupos armados ilegales. La participación de la sociedad civil en CNRR no es significativa.

EL DERECHO A LA REPARACIÓN


Estándares internacionales sobre reparación
Toda grave violación a DDHH da lugar a un derecho de la víctima a obtener resarcimiento pleno y proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Por ello, el Estado debe reparar con independencia del carácter oficial o no oficial del agente responsable de la conducta.

• La reparación se materializa en distintas modalidades: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (vease entrevista anterior, en la cual Eduardo Pizarro habla solo de la reparacion por via administrativa).
• Cualquiera que sea la modalidad, el Estado tiene el deber de abstenerse de establecer tratamientos discriminatorios.
• El derecho a la reparación puede hacerse efectivo a través de recursos judiciales o administrativos o mediante programas de reparación.

Sin embargo, dentro de las leyes 782 y 975
• El deber de reparar está principalmente a cargo de los miembros de los grupos armados.
• No se establecen medidas para garantizar la no repetición de las violaciones.

Fuente: www.derechoshumanosypaz.org